La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética representa un marco clave en la lucha contra el cambio climático en España. Esta normativa tiene como principal objetivo alinear los compromisos del país con el Acuerdo de París, facilitando la descarbonización de la economía, impulsando un modelo circular y promoviendo el uso sostenible de los recursos. Además, busca adaptar la economía a los impactos del cambio climático, fomentando un desarrollo sostenible que no solo contribuya a reducir las desigualdades, sino que también genere empleo decente y de calidad.
Objetivo de la Ley
El objetivo principal de esta ley es garantizar que España cumpla con los compromisos climáticos internacionales, avanzando hacia un modelo económico más sostenible y respetuoso con el medioambiente. La ley promueve una transición hacia una economía baja en carbono, favoreciendo el uso de energías renovables y apostando por un modelo circular en el que los recursos se utilicen de manera eficiente y solidaria.
Esta normativa establece las bases para que las empresas y entidades en España adopten prácticas más responsables en términos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y fomenta la creación de estrategias corporativasalineadas con la transición energética y la lucha contra el cambio climático.
Obligaciones para Empresas
1. Cálculo y publicación de la huella de carbono
Una de las obligaciones más destacadas de la ley es que el Gobierno establecerá los criterios para que las empresas con actividad en territorio español calculen y publiquen su huella de carbono. Esta obligación no será inmediata para todas las empresas, sino que se aplicará a ciertos sectores o tipos de empresas, cuya tipología y periodicidad serán determinadas por el Gobierno.
La huella de carbono mide la cantidad de emisiones de GEI generadas por la actividad de una empresa. Con esta medida, se busca que las empresas tomen conciencia de su impacto ambiental y adopten medidas para reducir sus emisiones. Las empresas también tendrán la opción de compensar voluntariamente su huella de carbono, invirtiendo en proyectos que reduzcan las emisiones, como reforestación o energías renovables.
2. Plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
Las empresas deberán elaborar y publicar un plan de reducción de emisiones de GEI, estableciendo objetivos cada cinco años. Este plan deberá incluir las medidas concretas que la empresa implementará para cumplir con dichos objetivos. Con esta obligación, la ley busca impulsar un cambio estructural en la forma en que las empresas gestionan su impacto ambiental, promoviendo la adopción de tecnologías limpias y la eficiencia energética.
3. Informes de riesgos derivados de la transición energética
Las empresas cuyas acciones están admitidas a negociación en mercados regulados, así como las entidades de crédito, aseguradoras, reaseguradoras y aquellas obligadas a presentar un estado de información no financiera, deberán elaborar informes anuales sobre los riesgos que sus actividades enfrentan debido a la transición hacia una economía más sostenible.
Estos informes deberán detallar los riesgos que la empresa pueda afrontar como resultado de la transición energética y las medidas adoptadas para mitigar esos riesgos. Por ejemplo, las empresas podrían enfrentarse a riesgos relacionados con la necesidad de modificar sus cadenas de suministro o invertir en tecnologías más limpias para cumplir con las nuevas normativas y reducir sus emisiones.
4. Descarbonización de la cartera de préstamos e inversión de las entidades financieras
A partir de 2023, las entidades financieras tendrán la obligación de publicar objetivos específicos de descarbonizaciónpara su cartera de préstamos e inversiones. Estos objetivos deberán estar alineados con los compromisos establecidos en el Acuerdo de París, que tiene como meta limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C. Esto significa que las entidades financieras deberán reevaluar y ajustar su financiación hacia proyectos que promuevan la sostenibilidad y reduzcan las emisiones de carbono.
Este punto es particularmente relevante, ya que coloca a las entidades financieras en el centro de la transición hacia una economía verde, influyendo no solo en sus propias operaciones, sino también en las empresas y proyectos que financian.
Impacto en las PYMES y Otras Entidades
Aunque muchas de las disposiciones de la ley están dirigidas a grandes empresas, las pequeñas y medianas empresas (pymes) también se verán afectadas. Las pymes deberán adaptarse a las nuevas exigencias climáticas, especialmente si forman parte de la cadena de suministro de grandes empresas o si desean seguir siendo competitivas en un mercado que prioriza la sostenibilidad.
Para ayudar a las pymes en esta transición, es probable que se implementen medidas de apoyo, como acceso a financiación verde o incentivos para la adopción de tecnologías sostenibles.
Conclusión
La Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética marca un hito importante en la legislación española sobre sostenibilidad y cambio climático. Al establecer obligaciones claras para las empresas en relación con el cálculo de la huella de carbono, la elaboración de planes de reducción de emisiones y la gestión de riesgos climáticos, la ley impulsa a las empresas a asumir un papel activo en la lucha contra el cambio climático.
Esta normativa no solo busca proteger el medioambiente, sino que también promueve un modelo económico sostenibleque genere oportunidades de empleo de calidad y reduzca las desigualdades. A medida que las empresas se adapten a las nuevas exigencias, contribuirán no solo a la descarbonización de la economía española, sino también al crecimiento sostenible del país.
En última instancia, esta ley representa un compromiso firme de España con los objetivos climáticos internacionales, y coloca a las empresas en una posición central para impulsar el cambio hacia un futuro más limpio y equitativo.
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