En febrero de 2023, España dio un paso decisivo en la lucha contra la corrupción y en la protección de los derechos de los ciudadanos mediante la aprobación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y actos corruptos en el ámbito profesional. Esta ley responde a la necesidad de fomentar una cultura de transparencia, al tiempo que protege a quienes denuncian irregularidades o malas prácticas.
En un mundo en el que la información se mueve rápidamente y las infracciones pueden tener un impacto devastador para la sociedad, garantizar que las personas puedan denunciar sin temor a represalias es crucial. En este artículo, exploraremos los principales objetivos de esta ley, las obligaciones que impone a las empresas y cómo refuerza la lucha contra la corrupción en España.
Objetivo principal de la Ley 2/2023
El propósito fundamental de la Ley 2/2023 es proteger a las personas que, en el ámbito de su relación laboral o profesional, denuncian infracciones normativas o casos de corrupción, garantizando que no sufran represalias por su decisión de dar a conocer dichas irregularidades.
A través de esta legislación, España se alinea con las directrices europeas en materia de protección a los denunciantes (whistleblowers), garantizando la confidencialidad de las informaciones recibidas, además de establecer mecanismos internos para el tratamiento adecuado de las denuncias. La ley también persigue otro gran objetivo: el fortalecimiento de una cultura de denuncia responsable como parte fundamental en la prevención y detección de amenazas que atenten contra el interés público.
Obligaciones para las empresas bajo la Ley 2/2023
Uno de los puntos clave de esta normativa es la imposición de obligaciones claras a las empresas, tanto del sector privado como del sector público, para que implementen y gestionen adecuadamente canales de denuncia internos que permitan a los empleados informar de forma segura. Veamos las obligaciones específicas que introduce esta ley:
1. Sistema interno de información
Todas las empresas privadas con 50 o más trabajadores están obligadas a disponer de un Sistema interno de información antes del 1 de diciembre de 2023. Este sistema debe permitir la comunicación confidencial de infracciones de manera segura y efectiva. Las personas trabajadoras deben ser informadas claramente sobre el funcionamiento de este sistema y cómo pueden utilizarlo.
En el caso de grupos de empresas, la sociedad dominante tiene la obligación de aprobar una política general que regule el funcionamiento del sistema en todas sus filiales. Esto asegura una gestión coherente y estandarizada de las denuncias dentro del grupo empresarial.
2. Externalización y colaboración
Las empresas con un número de empleados comprendido entre 50 y 249 tienen la posibilidad de compartir el sistema interno de denuncias con otras empresas, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de la ley. La gestión del canal puede ser interna o externalizada, en función de las necesidades y capacidad de la empresa.
3. Información accesible y clara
Es obligación de las empresas proporcionar a sus trabajadores información clara, completa y accesible sobre cómo funciona el canal de denuncias, sus principios básicos y el procedimiento de gestión de las informaciones recibidas. Esto incluye detalles sobre los derechos de los denunciantes y las garantías de confidencialidad.
4. Registro de denuncias e investigaciones
Las empresas están obligadas a llevar un registro interno en el que se documenten las denuncias recibidas y las investigaciones que resulten de las mismas. Este registro no es de acceso público y solo puede ser consultado por la autoridad judicial competente, previa petición justificada. Además, la ley establece que estos datos no podrán conservarse por un periodo superior a 10 años.
5. Confidencialidad y protección de datos
La confidencialidad es uno de los pilares fundamentales de la ley. Las empresas deben garantizar la privacidad de los denunciantes y de cualquier persona involucrada en el proceso de investigación, protegiendo sus datos y evitando cualquier tipo de filtración que pueda exponer a los informantes a represalias.
6. Protección frente a represalias
Uno de los grandes avances de esta ley es que establece la prohibición explícita de represalias contra los informantes. Las empresas deben implementar medidas preventivas que aseguren que los empleados que presenten denuncias no sufran consecuencias negativas en su entorno laboral, como despidos, degradaciones o sanciones injustificadas.
Consecuencias para el incumplimiento
El incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar sanciones económicas significativas para las empresas, así como la pérdida de contratos con la administración pública o la imposición de sanciones adicionales en el ámbito penal. La ley contempla una vigilancia estricta sobre el cumplimiento de estos requisitos y, en casos graves, las autoridades judiciales pueden intervenir en los sistemas de información de las empresas que incumplan.
Conclusión
La Ley 2/2023 marca un hito importante en la legislación española en lo que respecta a la protección de los denunciantes y la lucha contra la corrupción. Al imponer una serie de obligaciones claras a las empresas, la ley no solo fomenta la transparencia y la buena gobernanza, sino que también crea un entorno más seguro para quienes deciden denunciar infracciones dentro de su entorno laboral.
Al establecer un marco que protege a los informantes frente a represalias, se espera que esta ley impulse una mayor colaboración por parte de los empleados en la detección y denuncia de prácticas irregulares, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y transparente.
Las empresas, por su parte, deben adaptarse a estos cambios rápidamente para cumplir con los plazos establecidos y evitar sanciones. La implementación adecuada de los sistemas internos de información, la gestión eficaz de las denuncias y la protección de los informantes son ahora elementos esenciales para el buen funcionamiento y la reputación de las organizaciones.
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